Diputado Gustavo Hernández (desde la tribuna de oradores): Bueno muchas gracias, no sabía que la cosa era desde aquí. En todo caso le agradezco al Presidente por permitirme hablar para ustedes sobre este tema. Este es un tema, por supuesto, de primer orden, un tema capital, para el país, para la democracia. La Ley Orgánica de Procesos Electorales es, sin duda, la viga maestra del régimen democrático y debe ser un instrumento legal que reúna el mayor consenso posible y, por tanto, hay que procurar que participe el mayor número de venezolanos en este debate.
En primer lugar, es necesario señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la tradición venezolana en esta materia, imponen dos conceptos básicos, en materia electoral. El primer concepto básico, es la proporcionalidad y, el segundo, la personalización. El debate que nos ocupa ha sido muy ácido en algunos momentos, entre otras cosas porque la propuesta que se discute es muy diferente de la hecha, inicialmente, por el Consejo Nacional Electoral. Tal vez es bueno señalar esto: El CNE hizo una propuesta previa a la que hizo la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, y hasta unas horas antes que se debatiera en el Parlamento este tema, los diputados, en general, creían que el anteproyecto que se debatiría era el presentado por el directorio del Consejo Nacional Electoral, de allí la sorpresa de mucha gente.
A diferencia de lo que plantea en su anteproyecto de ley el directorio del CNE, el que aprobó en primera discusión la Asamblea Nacional, menoscaba, sin duda alguna, el concepto de la representación proporcional, ya aludido. Es bueno que tengamos claro que no estamos hablando de minorías o de mayorías, ¡no! No se trata de eso, en algún momento alguien alegó a favor del proyecto de ley, que la única minoría que era reconocida por la Constitución nacional, era la minoría indígena, y en efecto es así. Tienen una representación propia en el Parlamento, por su condición de minoría, como pueblos, dentro de la nación venezolana.
En este caso no se trata de minorías o de mayorías, se trata de la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ser proporcional, no puede haber una proporcionalidad que se sea desproporcionada como algunos pretenden, ¿y esto qué significa? Significa que si el Partido Comunista saca el 10 ó 20% de los votos, en la medida de lo posible, la ley tiene que hacer lo conducente para que tenga el 10 ó 20% de la representación en los organismos deliberantes a los que se refiere la elección. En el proyecto que se aprobó en la Asamblea Nacional, en primera discusión, esto no es así, para poner sólo un ejemplo: En Caracas, donde se eligen 10 parlamentarios, una fuerza política que saque el 35% de los votos, pudiera sacar 9 parlamentarios; y, una fuerza que saque el 34.5 % de los votos, pudiera adjudicarse sólo un parlamentario, y una tercera fuerza que obtenga el 30% de los sufragios, no sacaría ningún parlamentario. De manera que ese 0.5% de los electores de Caracas, pudieran imponer 8 parlamentarios, y el 30% se quedaría sin ninguna representación. Esto, clarísimamente, no es proporcional, y es uno de los problemas más graves que vemos en el proyecto de ley que hoy se debate. Está claro que el otro concepto que hemos aludido, la personalización, está expresado en la norma que se aprobó.
Ahora, esto es así legalmente y también fue así antes. Sin embargo, el mecanismo que garantizaba la proporcionalidad, empezó a desnaturalizarse hace ya algún tiempo con la implementación de las llamadas “morochas de Lapi”, una ingeniosa forma de evadir la ley, porque realmente lo que establece la ley vigente con respecto a la personalización y la proporcionalidad es una especie de compensación. Si una fuerza política sacaba 5 curules por circuito, pues le descontaban los circuitos, y esto hacia posible que otra fuerza política que no haya sacado por circuito o que haya obtenido uno, pudiera estar representada adecuadamente en el organismo deliberante a elegir por las asignaciones en la lista. “Las morochas de Lapi” que, en mi opinión, constituyen un fraude a la ley, simplemente evitan los descuentos necesarios para garantizar la proporcionalidad. Lapi legalizó un partido que se llamaba como él; y por otro lado, tenía el partido CONVERGENCIA: uno presentaba la lista y el otro los circuitos y así, formalmente, no se descontaban los electos por el circuito, con lo cual la fuerza política alrededor del ex gobernador de Yaracuy, estaba sobre representada. El proyecto del CNE, acababa con esta aberración, porque con una formula muy simple, obligaba a una fuerza política equis, a que tenía que presentar planchas por listas, y candidatos por circuitos al mismo tiempo. Si no cumplía ambos requisitos, la postulación de ese partido no era tenida como válida. De esta manera se acababa con esta irregularidad, si tú sacabas el 51, 52, 53% tú tendrías una representación proporcional en los órganos deliberantes, equivalente a tu votación.
Una formula como la que se pretende aprobar en la AN, causa varios problemas. Uno de ellos es que, por supuesto, todo el espectro político nacional no estaría representado en un país que tiene cierta tradición en la representación, hasta de sus minorías más pequeñas, con una formula como ésta, por ejemplo, el Partido Comunista nunca hubiese podido tener un parlamentario en la reciente historia electoral de Venezuela o José Vicente Rangel nunca hubiese podida ser diputado, y todos nosotros sabemos lo importante que fueron estos parlamentarios, los del MIR, los de la Causa R en su tiempo, o los del MAS, para la vida política venezolana. Una fórmula como la aprobada en primera discusión por la AN, simplemente legaliza las “morochas de Lapi” y busca polarizar al país electoralmente.
Al mismo tiempo, puede ocasionar otros problemas políticos que en mi opinión también son muy importantes. Pudiera ocurrir que una fuerza que saque el 45% de los votos, tenga el 80 % de los parlamentarios, o una cosa aún peor, que una fuerza que gane las elecciones, o sea, que saque más votos, tenga menos parlamentarios que una fuerza que obtenga menos sufragios. Eso ocurrió en Estados Unidos, salvando lo salvable, con relación a la presidencia de ese país en el año 2000 cuando All Gore y George Bush se midieron, Gore sacó más votos, pero el proclamado fue Bush. Nosotros, casi todos los que aquí estamos, denunciamos, firmemente, este antidemocrático sistema electoral. ¿Cómo podemos defender ahora lo que propone la AN?
Hay alguna gente que ha dicho que el proyecto de ley contiene una visión estratégica. Se ha hablado, inclusive, de la posibilidad de modificar los circuitos, y bueno, por esa vía, más o menos tramposa, lograr obtener mayoría en la nueva AN; pero esto es una estrategia bastante peligrosa, que puede poner en riesgo, inclusive municipios que pudiéramos ganar, circuitos que pudiéramos tener, circunscripciones electorales en las que pudiéramos salir victoriosos. En el caso de Valencia, por ejemplo, que es un caso que conocemos bastante bien, hay gente que dice: bueno, si dividimos Valencia y ponemos un diputado en un circuito del Sur, ese diputado lo ganamos, pero ese diputado representaría el 30% de los votantes de la ciudad y el otro diputado, que lo ganaría la oposición, podría representar, eventualmente, el otro 70% de los votos de la ciudad. De manera que, una vez sumados todos los votos, pudiera ocurrir que una fuerza que saque menos votos, tenga más diputados que una fuerza que nacionalmente saque más votos. En mi opinión, esto expone a las fuerzas progresistas a un gravísimo riesgo. Lo que está planteado hoy no es tomar estos peligrosos atajos para conseguir la mayoría en la AN. Lo que necesita el país es una revisión de la estrategia política que, hasta ahora, hemos puesto en marcha con éxito, por lo demás, pero que ya luce agotada.
Sobre el tema de la proporcionalidad no hay ninguna duda en la Constitución. Les voy a leer, a manera de ilustración, parte de la exposición de motivos de la Constitución vigente, cito: “La consagración de la personalización del sufragio, debe conciliarse con el principio de la representación proporcional, requerido para obtener órganos conformados de manera plural, en representación de las diferentes preferencias electorales del pueblo”. De manera que esto desvirtúa la idea de que la única representación que consagra la Constitución, es la representación de las minorías indígenas. Todo lo contrario, la Constitución claramente llama a conformar organismos electorales plurales y a respetar la proporcionalidad.
Hay otros temas que son también muy importantes. Me voy a referir sólo a algunos de ellos. Es capital, por ejemplo, el tema del financiamiento de la política. La Constitución venezolana, muy avanzada en muchos aspectos, especialmente en lo atinente a los Derechos Humanos; es en un aspecto, la más conservadora del continente: en el tema del financiamiento de la política. Expresamente, de manera inexplicable, impide el financiamiento de la actividad política ¿esto qué es lo que significa en el fondo? Significa que la actividad política es concebida como un asunto privado. De manera que el escenario donde se decide el destino del país, la Constitución lo coloca como una actividad privada, impide expresamente el financiamiento de la actividad política. Sin embargo, por una interpretación, entiendo que de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se abrió un poco la puerta para que pueda haber un financiamiento de los procesos electorales, y creo que tenemos que agarrarnos de esa interpretación, para regular muy bien, el dinero que ingresa a la actividad política y electoral.
Voy a poner de nuevo el ejemplo de mi ciudad, que es la misma ciudad del diputado Filinto Durán. En Valencia si no hubiesen metido preso a Sr. Makled, sería hoy el alcalde de esa la tercera urbe más importante del país y que, además, es la más productiva de Venezuela, probablemente, Valencia estaría gobernada por el narcotráfico. Era claro que iba a ganar las elecciones. En ese proyecto político se invirtieron gigantescas sumas de dinero, sin ningún control. Yo no conozco otros casos, pero estoy seguro que esto se repitió en otras ciudades de Venezuela, y es bien probable que algunos de los que ganaron, haya tenido alguna “ayudita” indeseable.
De manera que estamos hablando de un asunto de marca mayor, un asunto que tiene que preocupar a los venezolanos y venezolanas y que amenaza el destino de este país. Aquí ocurre, por ejemplo, que organizaciones de la oposición, son financiadas descaradamente desde el extranjero, y no ha habido manera de impedir eso. Tenemos en el país proyectos políticos que son subvencionados con dineros de afuera. En algún momento en la historia de Estados Unidos, descubrieron que la Embajada China le había dado una “platica” a un candidato en ese país; ¡bueno! el tipo que le dio la plata, que era un funcionario chino protegido, porque era funcionario diplomático, tuvo que salir del territorio norteamericano a la carrera, y eso generó un escándalo mayor en la sociedad norteamericana. En cualquier país del mundo, que una potencia extranjera financie un candidato, es casi como traición a la patria, en Venezuela, hay esta posibilidad, dado que este asunto no está bien regulado.
El otro tema que quiero plantearles, es el tema de la corrupción. Mientras aquí la política sea un asunto privado, la corrupción va a marcar mucho la actividad política y electoral, porque la política en este país dejó de ser un asunto de ideas y de compromisos y pasó, en buena medida, a ser un asunto de quién tiene más dinero y recursos para hacer compaña electoral, y nosotros como gente de izquierda, deberíamos colocar a la política, en el terreno de las ideas y de los compromisos; en el campo de la corrupción no podemos ganarle jamás a las fuerzas del pasado. Esos saben más que nosotros de eso, bastante más, por lo menos eso creo. Por tanto, deberíamos procurar que se produzca una regulación muy clara en el tema del dinero que ingresa a la campañas electorales, con dos ideas básicas: El financiamiento debería ser exclusivamente público, de manera que sólo se pueda gastar lo que dé el Estado y nada más; y debería ser moderado. Con esas dos ideas, la política se colocaría en el terreno de quién tiene más y mejores ideas, quién tiene más capacidad organizativa; quién asume más compromisos frente a sus electores. Sería un cambio significativo. Alguna gente ve esto como una ilusión, pero no debería serlo para nosotros que hemos estado comprometidos con un cambio profundo, en la vida de este país.
En el PPT hemos planteado también otros temas. El tema de la elección de los representantes indígenas, que es un tema también muy importante, porque la Constitución dice que “esa minoría debe estar representada en la Asamblea Nacional, con tres parlamentarios.”
¿Qué ocurre hoy? Ocurre que hay un gran disimulo entorno a cómo se escoge esa representación, sólo para poner dos ejemplos: el representante de los indígenas del Zulia, Trujillo y Mérida es votado por toda la población habilitada para votar en esos estados, es decir, por más de dos millones de electores y los indígenas son apenas menos de 200 mil electores ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ese representante no le rinde cuenta a los indígenas, que él, en la práctica, realmente no representa a su nacionalidad o su pueblo indígena, él, finalmente, representa al partido que lo postuló, con lo cual la noción constitucional es vulnerada.
Lo que ocurre con la representación de los indígenas de Amazonas es, probablemente, más grave. El circuito comprende los estados Amazonas – Apure; en Apure el 2% de la población es indígena; en Amazonas lo es el 75%, con las reglas actuales, nunca podría haber un representante votado por los pueblos indígenas de Amazonas, pese a que son el 75% del padrón electoral de Amazonas, porque la población votante de Apure, que es una población criolla, es mucho mayor que la población de Amazonas. Con lo cual, repito, el espíritu, propósito y razón de la Constitución sobre este asunto, queda perfectamente vulnerado. La solución, es establecer un registro electoral especial con el que voten sólo los indígenas, así gozarían, nuestros pueblos originarios, de lo que se llama una discriminación positiva, tendrían un doble derecho a voto: Votar como ciudadanos venezolanos por los parlamentarios de su estado y su circuito, y votar, además, por su representante, como minoría reconocida por la Constitución nacional.
Eso es lo pertinente, es lo correcto y es lo constitucional. Además, esto es hoy bien fácil de hacer, porque si usted ve una cédula de identidad de un indígena en Venezuela, se percatará que el documento de identidad, tiene su nombre, su número, fecha de nacimiento y dice al pueblo al que pertenece. Lo que falta en este asunto es voluntad política.
Hemos dicho, además, que el CNE tiene que actuar no solamente como un arbitro sino también, debería hacerlo, como un promotor de democracia, que debe actuar, como manda la Constitución, en las elecciones sindicales y, hemos agregado, también, en la elección de los consejos comunales, ¿por qué el CNE tiene que ser árbitro sólo para los partidos? Debería sembrarse en la sociedad como un arbitro, pero también como un promotor de democracia. Tengo la impresión que el CNE viene de regreso, al parecer, quiere desprenderse de la obligación de atender las elecciones sindicales, alegando que hay tratados internacionales que impiden su actuación. Tratados que efectivamente existen, pero también hay tratados que obligan al Estado a promover la democracia. No se puede alegar que en la actividad sindical no intervenga nadie, ni siquiera para proteger las más elementales derechos democráticos; alegatos como esos son los que han permitido que en el mundo sindical venezolano bandas armadas aterroricen a los trabajadores, que sindicaleros se apoderen, por décadas, de estructuras sindicales sin que los afiliados a estas organizaciones de trabajadores puedan hacer nada ante estas mafias. Esto ha pasado, y pasa, en Venezuela. De manera que el tema de la promoción de la democracia y de la aplicación de reglas justas en las elecciones sindicales, y en las de los consejos comunales donde también, con mucha frecuencia, ocurren prácticas antidemocráticas, debería ser un tema a regular en este proyecto de ley.
He dejado para casi el final, lo que directamente tiene que ver con el Parlamento Latinoamericano, que es la elección de los parlamentarios que representen al país en ese Parlamento internacional.
Hay como la idea, por lo menos en algunos líderes de la Asamblea Nacional, de que ese ente reasuma las competencias que hemos tenido atribuidas como Grupo en el Parlamento Latinoamericano y, por tanto, no se elija esta vez la representación venezolana en este organismo. Considero que eso nos despojaría de dos argumentos que para nosotros han sido vitales: primero: la legitimidad; y segundo: promover un nuevo modelo de Parlamento Latinoamericano. Esto tiene que ver mucho con el documento “repensar el Parlatino” que, desafortunadamente, no hemos impulsado con toda la fuerza debida. Creo que ese es el principal déficit de este Grupo Parlamentario. Esa es mi opinión.
En todo caso, la propuesta que hoy debate la AN es, más o menos, parecida a lo que está establecido en la ley vigente, el artículo 159 del proyecto de la LOPE, dice, y es importante aquí poner atención. “... cuando por acuerdos o tratados internacionales legalmente suscritos por Venezuela, sea necesario –y ahí es donde está la clave– un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el Consejo Nacional Electoral”.
En el caso del Parlatino hay ambas opciones: haces la elección o no la haces; pero no es obligatoria, no es “necesario” hacerla, y es ahí donde está, básicamente, el problema. Además de eso, en la norma que se aprobó en primera discusión, se suprime el tema del presupuesto. De manera que, de aprobarse la LOPE como está en el proyecto, nosotros dependeríamos, administrativamente, de la Asamblea Nacional, y no tendríamos ningún tipo de presupuesto, ni autonomía, aún la autonomía menguada que tenemos hoy se perdería. Probablemente cada uno de nosotros tenga una oficina en la Asamblea Nacional, si es que nos eligen, nuevamente, y dependeríamos, en todo, de la Asamblea Nacional, con lo cual, sin duda alguna, se menoscabaría el trabajo parlamentario internacional.
Hay que decir que no es verdad que haya sido en la etapa bolivariana, que se puso en vigencia la elección directa de los representantes venezolanos al Parlatino. Esta ley es previa al arribo del presidente Chávez al poder, es de 1998, y es obra, hay que decirlo, porque es la verdad, sobre todo del dirigente socialdemócrata, Humberto Celli, que hizo un gran esfuerzo para que los diputados al Parlamento Latinoamericano fuesen electos por la gente común y no designados por el Congreso. Obviamente fue en la V República que se puso en marcha esa elección, creo que fue en el año 1999, y eso sin duda alguna nos ha dado una ventaja frente a los otros parlamentarios del Parlatino.
¿Qué cosa reforzaba a esta disposición vigente, que había sido redactada de una manera bastante parecida a lo que tenemos ahora? Lo reforzaba, nada más y nada menos que el Estatuto Electoral del Poder Público, que es una norma especialísima, porque es un cuerpo legal que tiene rango constitucional por haber sido sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente. Ese Estatuto Electoral del Poder Publico, establece en su articulo primero, que los representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Andino, serán electos en comicios libres y directos. De manera que esto, que debería ser mantenido, porque fue el espíritu, el propósito de la constituyente, en la actual proyecto de ley, no es mantenido. Hay un debate jurídico sobre si está o no vigente el Estatuto Electoral del Poder público que aprobó la ANC para regular la elección del año 2000. Hay opiniones contrapuestas. Mientras la Sala Electoral del TSJ dijo que este Estatuto no estaba vigente, la Sala Constitucional de ese poder del Estado, que por una cosa bien extraña es una Sala que está por encima de las otras, ha dicho que hay artículos que están vigentes, y otros que no están vigentes. Lo que es probablemente, más comprensible, pero ¿qué es lo que debería estar vigente? Las normas que van más allá de la elección del 2000, las normas generales, los conceptos que deben regir las elecciones y la democracia en nuestro país. Si eso es verdad, debería entonces admitirse que siempre la selección de nuestros representantes ante los parlamentos internacionales, debería estar en manos del pueblo y no de la Asamblea Nacional.
Hay otros temas que tienen que ver con la seguridad jurídica o, mejor dicho, la escasa seguridad jurídica. Por cierto, es bueno que reflexionemos sobre las posiciones de la oposición sobre ese asunto, porque pueden tener cierta razón en algunos de sus planteamientos. Por ejemplo, el hecho de que quede en manos del Directorio del CNE a qué hora termina el acto electoral, debe llamarnos la atención; en la Ley vigente se establece que culmina a las 4:00 de la tarde, aunque en la práctica no siempre ha sido así, pero colocar una hora fija de cierre parece recomendable; o el tema de cuándo puede renunciar un candidato o cuándo puede ser sustituido por el partido postulante. En la norma aprobada en primera discusión, un partido prácticamente puede sustituir a su candidato hasta un minuto antes de la elección, lo cual afecta enormemente las alianzas electorales, en un país como este acostumbrado a la “cachúa”; o lo que tiene que ver con la publicación del Registro Electoral definitivo. Este último, es un problema serio; porque este proyecto de ley habla de la publicación de un registro electoral provisorio y no del definitivo. De manera que hay muchos otros temas por debatir.
Para no hacer muy larga mi intervención, he hecho un paneo de algunas de las cosas planteadas, pero lo que nos sale a nosotros con mayor propiedad, es que podamos hacer una propuesta a la Asamblea Nacional, que reivindique el derecho que tiene el pueblo venezolano a elegir sus parlamentarios internacionales. Considero que eso es una conquista, no de nosotros, porque, a lo mejor, mañana no estaremos aquí, sino de la sociedad venezolana, y sería, de prosperar el criterio de no elegir popularmente los diputados al Parlatino, conculcarle un derecho al pueblo. Creo que deberíamos, por lo menos, salvar nuestra responsabilidad en este asunto.
Uno de los asesores del diputado Walter Gavidia, el abogado Gustavo Téllez, que ha estado estudiando este tema, me hizo llegar una propuesta que aún no la he revisado en detalle; pero que en principio me parece buena. La propuesta diría de esta manera: “Cuando por acuerdos o tratados internacionales legales, suscritos por Venezuela, se permita un proceso electoral...” y ahí hay un cambio importante, se sustituye la idea de cuando “sea necesario” por la expresión “cuando se permita”, y en el caso del Parlatino el proceso se permite, no es obligatorio, pero se permite, “...para elegir representantes, organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados y supervisados por el CNE.” Esto pudiera resolver el problema. La propuesta de marras establece también el tema del presupuesto.
Simplemente quiero finalizar diciendo que deberíamos presentar, con valentía, una propuesta sobre este tema ante la Asamblea Nacional, de todos los partidos aquí representados porque en definitiva, repito, lo que estamos salvaguardando es el derecho del pueblo venezolano a elegir de manera directa, universal y secreta, sus representantes ante los parlamentos internacionales, no otra cosa.
Muchísimas gracias, estimados parlamentarios y parlamentarias...
